Vecinos de Santa Ana recurren a la Corte Suprema de Justicia

Vecinos de Villa Parque Santa Ana, representados por el abogado ambientalista Federico Macciocchi, presentaron este jueves un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia, solicitando se haga lugar a un pedido de recusación de los jueces de la Cámara Primera en lo Contencioso Administrativo que atienden el proceso de Amparo Ambiental interpuesto por 450 vecinos de esa localidad, el intendente Becker y productores rurales contra la instalación de un nuevo megavertedero de residuos sólidos urbanos en la zona sur metropolitana.

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En julio de 2017, luego que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba dejara en firme una medida cautelar que prohíbe el inicio de obras de Cormecor en el predio de Alto El Durazno; la Cámara I en lo Contencioso Administrativo dictaminó la unificación de tres recursos de amparo contra la empresa y en acto seguido envió un decreto a la Universidad Nacional de Córdoba solicitando se pronunciara sobre la validez de las objeciones planteadas por los vecinos señalando: “la prueba no debe ceñirse al impacto que la realización del proyecto tiene en sus zonas inmediatas y circundantes, sino también los efectos que puede acarrear su no concreción en la salud y el ambiente de un colectivo mayor que involucra a un millón y medio de habitantes aproximadamente de la Ciudad de Córdoba y el Gran Córdoba.”

Esta afirmación devela con claridad la opinión de los vocales sobre el problema y desvía el fondo de la demanda planteada en los amparos, centrado en los vicios del proceso llevado adelante por la empresa y la Secretaría de Ambiente del Estado Provincial en el otorgamiento de licencia ambiental a la Planta y sitio de disposición final proyectados por Cormecor. Vicios evidenciados en los errores, omisiones y manipulación de datos del Estudio de Impacto Ambiental presentado por la empresa, como por la probada irregularidad de la audiencia pública realizada. Sin embargo los vocales en vez de tratar la prueba sobre estos vicios del proceso de autorización de la Planta de Cormecor, desvían el eje hacia una falsa oposición entre el derecho ambiental de mayoría y minorías. Decimos “falsa oposición” ya que es claro que la concreción del proyecto no debería limitarse a su instalación en este predio. Además, el sitio de disposición final es independiente de la ejecución de políticas de recolección diferenciada y reciclado que deberían ejecutarse desde hace tiempo en cada ciudad a fin de minimizar los enterramientos, como establece la ley nacional de tratamiento integral de RSU. Es decir, existen mejores alternativas al proyecto Cormecor. Sin embargo, en vez de reducir la cantidad de basura destinada a enterramiento, Cormecor ha sumado en los últimos meses, más y más localidades que vuelcan sus residuos en el colapsado basural de Piedras Blancas. Este hecho devela una clara maniobra de los responsables de la empresa intercomunal que buscan agudizar la crisis del enterramiento para presionar a los jueces con el argumento de las “mayorías perjudicadas”. Los vocales deberían tener en claro que los únicos responsables de las nefastas políticas en materia ambiental son los intendentes de estas localidades y que su rol como jueces debería ser garantizar los derechos ambientales de todos. Sin embargo, el argumento de los vocales haría suponer que sería legítimo sacrificar a las poblaciones más cercanas al enterramiento en favor de supuestas mayorías.

Las afirmaciones de los vocales de la Cámara I vertidas en el decreto del 11 de julio de 2017, fueron denunciadas oportunamente por el representante legal de los vecinos ante el fuero local como un “adelanto de opinión” que prueba la falta de imparcialidad de los vocales, un obrar arbitrario que lesiona el debido proceso y atenta contra las garantías del derecho ambiental precautorio, por lo cual solicitaron el apartamiento de dichos jueces. Sin embargo la Cámara y el Tribunal Superior de Justicia no hicieron lugar a la recusación, sin responder debidamente a los argumentos interpuestos por el letrado, lo que abrió la posibilidad de recurrir de manera extraordinaria a la Corte Suprema de Justicia.

Los vecinos solicitan a la Corte Suprema que se haga lugar a su pedido de apartamiento de los vocales a fin de garantizar un debido proceso que atienda al verdadero fondo de la cuestión: los vicios del proceso de habilitación de Cormecor y garantice el derecho a gozar de un ambiente saludable a todos los habitantes sin discriminación.

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