SE HIZO JUSTICIA

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Estamos felices y aun procesando lo que vivimos desde ayer al mediodía. La justicia dictó sentencia y dio lugar al Amparo Ambiental presentado por la Municipalidad de Villa Parque Santa Ana, más de 450 vecinos del lugar y zonas rurales aledañas. Señaló que el lugar elegido por CORMECOR para instalar el tercer enterramiento sanitario más grande de Sudamérica, NO ES APTO. Por tanto no podrán instalar el enterramiento sanitario allí. Esta victoria significa un antecedente valioso para muchas comunidades que luchan por su calidad de vida frente a enormes poderes empresariales y políticos. Es un bálsamo luego de tantos años de angustia.

Aún estamos procesando esta sentencia. Todo lo experimentado en estos intensos años retorna a nosotros como una película que vemos desde afuera… Como un sueño.  Pedíamos anteayer un fallo a favor del Ambiente, a favor de la vida y los derechos humanos. Teníamos mucho miedo. Pero la Cámara I en lo Contencioso Administrativo determinó –entre muchos otros considerandos-que un proyecto contaminante que no involucra la participación ciudadana, como obliga la Ley General de Ambiente, es ilegal.

Durante mucho tiempo desde Cormecor presionaron a los jueces con el argumento del colapso del vertedero de Piedras Blancas. Un argumento extorsivo, porque mientras decían que el vertedero estaba colapsado, sumaron más y más municipios para que arrojen su basura en el lugar. En los seis años que llevan los Amparos los responsables de la gestión de la basura de todos esos Municipios que arrojan su basura en el colapsado predio de Piedras Blancas, no tomaron una sola medida para disminuir sus residuos a través de planes de reciclado y se negaron obstinadamente a diseñar un plan B. A pesar que hace tres años los contundentes informes técnicos de las Defensoría del Pueblo de la Provincia y de la Nación, recomendaron no instalar el enterramiento en el predio en cuestión. E incluso recomendaron quitarle la licencia ambiental porque el proyecto de Cormecor –centrado en la acumulación de basura de toda la zona metropolitana en un solo lugar sin plan de educación ni recolección diferenciada- no se ajusta a los lineamientos básicos de la Ley de Tratamiento Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

La Justicia falló conforme a la prueba acumulada, conforme a derecho.

Nos queda mucho por procesar. Pero no queremos dejar de preguntarnos ¿Por qué la clase política no aprende de los errores del pasado? ¿Por qué, luego del padecimiento socio-ambiental al que expusieron a la comunidad de Potrero del Estado y Bouwer, insisten con el mismo modelo de mega-enterramiento próximo a poblaciones? Disfrazan sus proyectos con promesas tecnológicas, pero en realidad es lo mismo de siempre. ¿Cuándo aprenderán de sus errores?

¿Quiénes deben responder por las prácticas corruptas develadas en el proceso de revisión del otorgamiento de licencia ambiental a Cormecor?

Aquí, los responsables de realizar el Estudio de Impacto Ambiental fraguaron datos, dibujaron mapas dónde las localidades aparecen más alejadas de lo que verdaderamente están, se hizo girar al viento y hasta hablaron en nombre de las comunidades cercanas, diciendo que estaban sumamente de acuerdo con el proyecto… Omitieron la existencia del canal Los Molinos aguas abajo…

Aquí la Comisión Técnica Interdisciplinaria de la Secretaría de Ambiente citó a un organismo internacional (EPA) para hacerle decir que 1 km de distancia de apartamiento de vertederos a zonas urbanas era suficiente, y los peritos confirmaron que el organismo citado jamás había establecido eso. Además, los peritos señalaron que el Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA) de la UNC, en un estudio específico, había recomendado un apartamiento mínimo de 4 km que no estaban respetando.

De estas maniobras corruptas hay responsables. Responsables que cobran sueldos para representarnos, para controlar los EIA; que cobran sueldos para hacer un trabajo profesional que bastardean. Hay responsables, y hasta que no sean llamados a proceso, las mismas injusticias y corrupciones se van a repetir. Habrá entonces, también, más y más resistencias sociales.

En 2016 denunciamos a los funcionarios públicos que aprobaron de manera irregular a Cormecor. La causa lleva casi 4 años “cajoneada” en la (mal)llamada «Fiscalía Anticorrupción”, que en 15 años no ha avanzado con ningún caso. Una vergüenza institucional del «cordobesismo» absurdamente naturalizada.

Es la ciudadanía sistemáticamente estafada por estos funcionarios públicos la que debe exigir que den cuenta ante la ley. Mientras se sigan encubriendo, naturalizando y minimizando estas prácticas corruptas, seguiremos estando en peligro.

Aún estamos procesando todo lo vivido. No confiábamos en la Justicia. Teníamos nuestros motivos. Nos han tratado durante mucho tiempo como “ciudadanos de segunda”, argumentando por ejemplo que debíamos sacrificar nuestro derecho a vivir en un ambiente sano en nombre de una mayoría que necesita deshacerse de sus residuos. Una falacia increíblemente efectiva, que hasta se ha hecho cuerpo en una teoría fascista que llama a los movimientos ambientales como “efecto NIMBY”. La sustenta un presupuesto “esclavista” que sostiene que la comodidad de unos debe ser sustentada por el sufrimiento de otros; a los que considera sacrificables, de menor jerarquía, (racial, social, ciudadana, de género, etc.). La Revolución Francesa parece no haber hecho mella en cierta encumbrada “ciencia ambiental”.

La verdad es que cada uno debe hacerse integralmente responsable de su propia basura y es el Estado quien debe garantizar educación, infraestructura, normativa y control para hacer posible la erradicación de los megabasurales. Para hacer posible una civilización sin personas ni ambientes sacrificados.

Nadie tiene que sufrir por mi basura. NUNCA MÁS

QUE ESTE 2020 VENGA CON LOS CAMBIOS RADICALES EN POLÍTICA AMBIENTAL QUE TODXS VITALMENTE NECESITAMOS.

AL GRAN PUEBLO DE VILLA PARQUE SANTA ANA, ¡SALUD!

ASAMBLEA SANTA MARÍA SIN BASURA

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