Nuestros pueblos no son canteras, no son basurales

Ayer, desde las 10 de la mañana en la localidad de Anisacate, se llevó a cabo una Audiencia Pública para escuchar la opinión de los vecinos en relación al proyecto de explotación otra cantera en José de La Quintana, esta vez por la empresa Blancaley del Grupo Calderón. Desde la Asamblea Santa María sin Basura participamos para expresar nuestro rechazo al intento de instalar una nueva cantera a espaldas del pueblo, quiénes son los principales afectados. Pero también expresamos nuestro profundo repudio al accionar inescrupuloso del poder político ligado al poder económico. Denunciamos el modus operandi de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Córdoba que privilegia los negocios por encima de nuestra salud, de nuestro derecho a vivir en un ambiente sano, por encima de nuestros proyectos de vida en lugares tranquilos y en armonía con el ambiente.

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Cuando tomamos conocimiento de la existencia del proyecto de la cantera Blancaley en José de la Quintana, notamos que la firma que realizó el Estudio de Impacto Ambiental fue Geoambiental, de los señores Favián Leynaud y Julio Massei. Los mismos que hicieron el Estudio de Impacto Ambiental para la instalación del megabasural de Cromecor, con sus 300 hectáreas destinadas a enterramiento de basura, a sólo 10 cuadras de la localidad  de Villa Parque Santa Ana.

Notamos también el mismo modus operandi burocrático, la misma lógica irregular en el proceso de autorización de proyectos que afectan el Ambiente, reproducida una y otra vez: Estudios de Impacto Ambiental hechos a medida del cliente, con groseros errores, omisiones y manipulación de la información, que sin embargo son aprobados por la Secretaría de Ambiente.

En esta ocasión, sólo nos detendremos en señalar dos aspectos de esas groseras irregularidades presentes en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) correspondiente a la cantera Blancaley, notablemente similares a los errores del Estudio presentado por la misma Geoambiental para Cormecor.

Tanto en el EIA hecho para Cormecor como para Blancaley, Geoambiental miente en relación a las distancias que separan a los emprendimientos contaminantes de las localidades más próximas. Afirman que el predio pretendido por Cormecor está a 5 km de la localidad de Villa Parque Santa Ana, cuando en realidad lo separan menos de 1 km. Idéntico ¿error? que comete cuando sostiene que José de la Quintana está a 2,5 km de la cantera, cuando en realidad el predio que ya comenzaron a explotar ilegalmente está dentro del ejido de esa localidad.

En segundo lugar, cuando se refieren a la supuesta aceptación social del proyecto. En el caso de Cormecor, Geoambiental plantea que “el proyecto cuenta con gran aceptación social”, a pesar que nunca fuimos debidamente consultados. De hecho, en el propio informe sostienen que la enorme mayoría de las personas consultadas desconocen el proyecto. ¿Se puede aceptar algo que se desconoce? La lucha de los vecinos de Santa Ana demuestra justamente lo contrario: Nadie en Santa Ana quiere el basural, el proyecto NO tiene ninguna aceptación social. En el caso de la cantera el EIA incluye como un valor positivo la aceptación del proyecto, y sostiene que: “no hay oposición en el área de influencia del emprendimiento minero y existen en la zona otras explotaciones similares”. ¿En qué datos se apoya la afirmación: “no hay oposición en el área de influencia”? No lo dice. ¿Cómo pueden sostener esto con tanta liviandad mientras desconocen a los vecinos de José de La Quintana, diciendo que la población más cercana es la de Anisacate? ¿Acaso desconocen el conflicto social desatado por un proyecto similar en el año 2016 en la misma zona? Dicen: “existen en la zona otras explotaciones similares” ¿Esto qué implica? ¿Que como el ambiente ya está dañado, no importa seguir dañándolo? ¿Que como la calidad de vida de las personas que habitan en la zona ya fue afectada, pueden seguir afectándola?

¿Cómo puede la Secretaría de Ambiente dar aprobación a estudios de estas características? Parece que se olvidan una vez más que la participación y la consulta ciudadana es una condición obligatoria en este tipo de proyectos. Y no se trata sólo de “escenificar” una Audiencia Pública –muchas veces realizada lejos de los principales pueblos afectados, sin garantizar la verdadera participación de los ciudadanos- para cumplimentar un requisito y ya. La Ley General de Ambiente, en su Artículo 21 dice: La participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados.”

Es evidente que la consultora Geoambiental se ha especializado en dibujar burdamente Estudios de Impacto Ambiental a la medida de los intereses económicos de sus clientes. Estudios que niegan el derecho a la verdadera participación de las poblaciones potencialmente afectadas, suplantando la verdadera opinión de los vecinos por afirmaciones ambiguas, livianas y falsas. Son especialistas en llenar casilleros, en inventar datos y concluir -entre otras mentiras- que los proyectos tienen aceptación social, sin siquiera precisar el modo en que llegan a semejantes conclusiones. Es una práctica sistemática de desprecio por la vida de las personas, una práctica antiprofesional que viola derechos garantizados por legislaciones nacionales y provinciales.

No puede la Secretaría de Ambiente sostener el modus operandi de aprobar ciegamente estos proyectos, estos EIA burdos, dando por cumplimentados los pasos administrativos mediante la simple aceptación de artefactos artificiosos que dicen ser Estudios pero que no tienen ningún valor científico. Un EIA no es una caja negra que llena un casillero, que hace marchar un engranaje. No se lo puede aprobar sin estudiar profunda, objetiva y responsablemente su contenido, sin atender a sus falencias, sin tener en cuenta las objeciones de técnicos y vecinos. La opinión de un par de técnicos plasmada en un EIA tampoco puede suplantar la participación ciudadana. Y una audiencia pública debe garantizar el conocimiento acabado del proyecto y la verdadera participación de las poblaciones afectadas. Todo esto está siendo manipulado, simulado, falseado, evadido. Esta “simulación artificiosa” en que se han convertido los procesos de otorgamiento de licencias ambientales, resulta una práctica ilegal.

¿Cuántas demandas judiciales tiene la Secretaría de Ambiente por este tipo de procedimientos? Nuestra experiencia indica que, sólo en nuestro departamento Santa María, ya cuenta con sobradas denuncias. Y estamos en condiciones de decir que no tienen ninguna autoridad moral para otorgar licencias ambientales.

Otorgaron una licencia ambiental a Cormecor, aprobando un proceso plagado de irregularidades que hoy está fuertemente cuestionados en la justicia, con 3 amparos ambientales en contra desde hace ya tres años y con una medida cautelar que impide cualquier trabajo en el predio, dictada por el TSJ desde hace un año y medio..

Otorgaron una licencia ambiental a la planta de residuos peligrosos Taym en el año 2000. Todos conocemos el desastre ambiental que provocó su inundación y desborde en marzo del año pasado. Situación por la que también deben responder ante la justicia. ¿Saben quiénes aprobaron la instalación de Taym en ese sitio inundable? Primero fue Fabián López, actual Ministro de Ambiente, quien entonces actuaba como director de DIPAS y firmó un “informe técnico” que suplantó un certificado de no inundabilidad que la empresa nunca consiguió del organismo competente. Pero también, ese informe técnico –que es una mera nota- fue avalado por una comisión técnica interdisciplinaria y entre los firmantes está el geólogo Favián Leynaud, actual dueño de la consultora Geoambiental. Los mismos personajes se reciclan en diferentes funciones, siempre listos para otorgar la firma que el empresario inescrupulosamente requiera. Creen que les hacen un favor seguramente bien retribuido. Sin embargo Taym se inundó, hace más de un año y medio que la empresa está clausurada y enfrenta un juicio por contaminación en el que se encuentra imputado su gerente. La remediación de los daños causados le están implicando a la empresa erogaciones millonarias. ¿Qué tipo de favor es ese? El actual ministro de ambiente goza de la impunidad que le garantiza una Fiscalía Anticorrupción totalmente paralizada y corrupta. Pero todos conocemos su responsabilidad directa en la inundación de Taym y la contaminación de un enorme territorio incluida el agua que corre por el canal Los Molinos.

Entonces ¿Qué garantías podemos esperar de los supuestos estudios técnicos de la firma Geoambiental? ¿Y de las Licencias Ambientales otorgadas por la Secretaría de Ambiente de la Provincia? Ninguna.

Por favor, como ciudadanos de esta provincia les exigimos que dejen de actuar en contra del ambiente. Dejen de subestimar los riesgos ambientales. Dejen de hacer marchar ciegamente el engranaje de la burocracia estatal en contra de la seguridad y los derechos de las poblaciones. Dejen de despreciar la vida. Ustedes también viven en este Planeta.

Su farsa ya es por todos, conocida: son el Ministerio contra el Ambiente.

Nosotros no claudicaremos.

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