La Defensoría del Pueblo de la Nación recomienda revocar la Licencia Ambiental de Cormecor

La Defensoría del Pueblo de la Nación emitió ayer un exhaustivo y contundente informe sobre el proyecto de Cormecor S.A. y el proceso de selección del predio ubicado en cercanías de Villa Parque Santa Ana. La investigación realizada por el área de Medio Ambiente de esa Defensoría, a cargo de la Ing. Andrea Fizzotti, fue puesta a disposición de las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba. El documento es concluyente: “La Evaluación de Impacto Ambiental del centro de disposición final no cumple con el orden público ambiental vigente, plasmado en la Constitución Nacional y la Ley General del Ambiente, en lo relativo al diseño del proyecto, a su escala de funcionamiento, a la gestión integral de residuos sólidos urbanos, a su localización, a los impactos ambientales evaluados y al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental”. Considera que la Secretaría de Ambiente de la Provincia debe revocar la Licencia Ambiental de Cormecor S.A.

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La investigación de la Defensoría del Pueblo de la Nación se inició en septiembre del año pasado. La difusión de su informe final fue realizada ayer, a partir de que la Cámara Contencioso Administrativa solicitara a través de un decreto, la  intervención de la UNC para que evalúe y avale –en sólo 10 días- el Estudio de Impacto Ambiental realizado por la empresa privada Geoambiental e informe si las objeciones presentadas por los vecinos “son de recibo”. En este sentido, es evidente la recomendación de este organismo de que se desestime el predio seleccionado arbitrariamente por Cormecor S.A., por presentar graves irregularidades en el proceso administrativo de otorgamiento de Licencia Ambiental, así como groseras falencias y errores técnicos en el Estudio de Impacto Ambiental. Además, el informe de la Defensoría cuestiona la falta de un verdadero proyecto de tratamiento de RSU.

El informe analiza la documentación relativa al proyecto de Cormecor S.A. punto por punto en todo su proceso. En primer lugar, cuestiona el proyecto de tratamiento de RSU de Cormecor ya que no se ajusta a los presupuestos mínimos de la Ley General de Ambiente (N° 25.675), ya que: no presenta acciones, presupuesto ni organización suficientes para tender a la minimización de la generación de residuos, ni ningún otro mecanismo para reducir la cantidad de basura destinada a enterramiento. La escasa capacidad de tratamiento de las plantas así como su baja eficiencia, darían cuenta de un proyecto que lejos está de plantearse objetivos contundentes de separación y recuperación de materiales. Por el contrario, propone escalas crecientes de disposición final, todo lo cual lleva a considerar que se trataría de un mega enterramiento de residuos; lo que es contrario a los presupuestos mínimos planteado en la ley nacional.

En segundo lugar, el documento alerta sobre la selección arbitraria del predio, dado que en vez de evaluar un conjunto de sitios posibles y elegir aquel que reuniera mayor cantidad de atributos positivos y menor cantidad de atributos negativos, Cormecor evaluó únicamente el predio mencionado y sin considerar la opinión de los vecinos de las localidades más cercanas. Tampoco consideró la afectación ya acumulada en la zona por la presencia de otros focos contaminantes,  ni la incompatibilidad con la categorización provincial de uso de suelo, como zona agrícola.

Por otro lado, el informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación,  resalta los errores y omisiones del Estudio de Impacto Ambiental. Por ejemplo, al remarcar que  no consideró  la verdadera distancia del predio al ejido urbano de Villa Parque Santa Ana, de tan solo 960 mts, que entraña un riesgo ambiental para sus pobladores y recuerda que en estos casos debe regir el Principio Precautorio, definido por la Ley General del Ambiente Nº 25.675. Asimismo, sostiene que presenta errores en relación al impacto de la contaminación en el agua subterránea y en el aire, subestimando la afectación sobre la calidad de vida y la salud de los habitantes de  Villa Parque Santa Ana. En relación a las aguas superficiales, sostiene que el EIA hace una evaluación insuficiente,  tal como quedó demostrado con el evento metereológico que ocasionó la inundación y el colapso de la Planta de Residuos Peligrosos Taym, que puso en riesgo al 30% de cordobeses que consumen agua del Canal Los Molinos.

Después de su contundente informe, la Defensoría del Pueblo de la Nación recomienda a los funcionarios del Ministerio de Ambiente de la Provincia dejar sin efecto la aprobación del EIA presentado por Cormecor y consecuentemente, denegar la Licencia Ambiental a dicho proyecto; relocalizarlo, avanzando en la búsqueda de sitios verdaderamente aptos para la instalación de este tipo de emprendimientos y finalmente, realizar una Evaluación Ambiental Estratégica.

 

Ver Informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación: https://drive.google.com/open?id=0BzKANWZs4kFBdlZMVWlOLW1DSGM

 

Contactos para ampliar información:  

Mariano Gottero: Tel 03543-15571311

Magdalena Schibli: Tel 0351-155643581

GRACIAS POR DIFUNDIR

 

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