Santa María sin Basura es un colectivo de vecinos autoconvocados conformado a partir de octubre de 2016 para impedir la instalación de un megabasural en las inmediaciones de su pueblo, Villa Parque Santa Ana. Ésta es una localidad de 5.000 habitantes ubicada a 20 km al Sur de la ciudad de Córdoba, camino a Alta Gracia (Dpto. Santa María). En cercanías de esta localidad, el municipios de Córdoba, nueve intendencias de su área metropolitana[1] y el Surrbac (sindicato de recolectores de basura) asociados en la corporación Cormecor S.A., quieren instalar una Planta de “tratamiento” y fosas para la disposición final de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) que por sus dimensiones (500 ha) sería el tercer basural más grande de Sudamérica. Según el proyecto de Cormecor S.A., allí depositarían la basura de Córdoba y toda su zona metropolitana (alrededor de 40 localidades) durante al menos 30 años.

[1]               Además de Córdoba, son socios de Cormecor los municipios de Villa Allende, Río Ceballos, Alta Gracia, Despeñaderos, La Calera, Estación Juárez Celman, Malvinas Argentinas, La Bolsa y Villa los Aromos.

Historia de la lucha contra el basural

A principios de octubre de 2016, algunos vecinos de Villa Parque Santa Ana vieron en el noticiero imágenes de la toma de posesión de un campo por parte del intendente de la Municipalidad de Córdoba, Ramón Mestre, para instalar un nuevo enterramiento de basura para toda la zona metropolitana. En la misma nota, vecinos del paraje rural llamado Alto El Durazno, manifestaban su oposición al proyecto. Algún conocedor de la zona se percató que ese campo estaba muy cerca de Villa Parque Santa Ana. “¿Saben algo sobre el basural que quieren instalar acá cerca?”- fue la pregunta que comenzó a circular por las redes sociales del pueblo. Y casi nadie sabía nada. ¿Por qué nadie había informado al pueblo? ¿De qué se trataba?

Por las mismas redes algunos vecinos convocaron a una reunión urgente en la plaza central del pueblo. En esa primera asamblea autoconvocada se decidió realizar el primer corte de ruta el domingo 7 de octubre, en protesta por el avasallamiento de los derechos del pueblo que no había sido informado de dicho proyecto.

Los vecinos y vecinas de Villa Parque Santa Ana reiteraron los cortes de media calzada de la ruta 5 frente al acceso al pueblo, cada domingo durante año y medio.

La segunda semana de octubre de 2016, vecinos convocaron al biólogo Raúl Montenegro –referente de la lucha de Bouwer por el cierre del basural Potrero del Estado- a una reunión informativa que se realizó en la biblioteca popular del pueblo. A la reunión asistieron un centenar de vecinos de Villa Parque Santa Ana y participaron vecinas de la localidad de Bouwer junto al biólogo Montenegro. Allí se decidió denominar a la organización de vecinos como: Santa María sin Basura; en referencia a todo el departamento Santa María afectado por numerosos basurales y en relación a la lucha de los vecinos de Bouwer contra el basural de Potrero del Estado organizados como “Bouwer sin Basura”. Montenegro brindó los detalles sobre las características del proyecto de mega-enterramiento sanitario planificado por Cormecor, una Sociedad Anónima integrada por la municipalidad de Córdoba, otras 9 comunas y municipios de la zona metropolitana y el gremio de recolectores de basura de Córdoba (Surrbac). Las vecinas de Bouwer relataron los padecimientos y afecciones a la salud que generan los mega-enterramientos sanitarios. Luego de fracasar en dos expropiaciones anteriores, Cormecor pretendía instalar en Alto El Durazno un mega-enterramiento para depositar la basura de más de 2 millones de personas (toda la zona metropolitana) por treinta años. Esto generaría tres montañas de basura que acumularían más de 60 millones de toneladas de residuos urbanos a sólo 1 km de Villa Parque Santa Ana. El proyecto planteaba un irrisorio porcentaje de recuperación de materiales reciclables, aunque ante la prensa se presentaba como una “Planta modelo”. Cabe señalar que en Córdoba no se implementan planes de recolección diferenciada de los residuos sólidos urbanos y se recicla menos del 0,5%. El propio Cormecor planificaba enterrar más de 85% de la basura de toda la región metropolitana.

La Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia había dado una autorización condicionada al proyecto a fines de 2015 (Res. 510), luego de aprobar un dudoso Estudio de Impacto Ambiental y realizar una audiencia pública en la zona norte de la ciudad de Córdoba entre gallos y medianoche.

Los vecinos y vecinas volvieron a cortar la ruta ese domingo.

Caravana de reconocimiento del predio. 23/10/2016

La asamblea del siguiente domingo fue multitudinaria. Allí se planificó una acción colectiva consistente en el reconocimiento del predio al cual acudió todo el pueblo en caravana de autos, motos, bicicletas y caballos. Frente al acceso del campo, los niños del pueblo realizaron una plantación de árboles autóctonos en desagravio por la amenaza ambiental que significaba el proyecto de Cormecor.

Desde las primeras acciones, los vecinos de Villa Parque Santa Ana tomaron contacto con los vecinos del Paraje Alto el Durazno, quiénes en 2014 ya habían presentado un amparo ambiental contra la expropiación de estos campos y, entre otras irregularidades del proceso de expropiación, denunciaban la inundabilidad del predio.

A mediados de octubre de 2016, en el marco del amparo Ambiental presentado por la familia Gremo de Alto el Durazno, la Justicia dictó la primer cautelar que impedía a Cormecor iniciar obras en el lugar. Pero el 26 de octubre de 2016, la justicia suspendió la medida cautelar por una apelación interpuesta por Cormecor. Entonces los vecinos de Villa Parque Santa Ana, Alto el Durazno y Potrero del Estado, iniciaron un improvisado “Acampe” en el acceso al predio con el fin de impedir el inicio de obras en el lugar. El Acampe continúa montado en el lugar a pesar de contar con una medida cautelar. Un joven vecino se mudó a vivir permanentemente en el lugar.

Primer día de Acampe. 26/10/2016
Acampe sobre ruta 36 en el acceso al predio.

A principios de noviembre de 2016, más de 450 vecinos y vecinas de la localidad de Villa Parque Santa Ana firmaron un amparo ambiental colectivo reclamando protección de la Justicia por las irregularidades del proceso, la falta de consulta a la población, la enorme cercanía a la localidad y los múltiples errores, omisiones y mentiras del Estudio de Impacto Ambiental presentado por Cormecor. (Ver: Porqué nos oponemos)

Firma del Amparo Ambiental Colectivo contra la instalación del Megabasural de Cormecor. Noviembre de 2016.

El 4 de noviembre, la Asamblea Santa María Sin Basura, realizó el primer SANTANAZO, en el centro de la ciudad de Córdoba. Se trató de una marcha multitudinaria en torno a la rotonda de Plaza España, bajo la consigna NO AL BASURAL.

Primer SANTANAZO. 4/11/2016

Al día siguiente, vecinos realizan una caravana de protesta en Alta Gracia, reparten folletos y se manifiestan en contra de la instalación del mega-basural frente a las casas de funcionarios públicos y directivos de Cormecor, como el intendente de esa localidad, Facundo Torres y el director de Cormecor, Hugo Pesci.

El 18 de noviembre de 2016, la Asamblea Santa María sin Basura y el intendente de Villa Parque Santa Ana, realizaron una importante movilización y protesta frente a la Municipalidad de Córdoba y Tribunales.

Protesta frente a la Municipalidad de Córdoba. 18/11/2016

El 22 de noviembre de 2016, la Pastoral Social de la Iglesia Católica se expresó públicamente solicitando que se respetaran los derechos ambientales, se priorizara la calidad de vida de la población y no se instalara allí el mega-basural, invocando los principios de la encíclica Laudato si del Papa Francisco. (Ver: Informe Pastoral Social)

El 6 de diciembre de 2016 los vecinos presentaron en el Juzgado de Alta Gracia, denuncias penales contra los funcionarios involucrados en la autorización de Cormecor. La causa fue remitida a la fiscalía «Anticorrupción» y se encuentra paralizada desde entonces.

Presentación de denuncias penales. 6/12/2016

El 11 de diciembre los vecinos llegaron en caravana frente al Country Potrerillo de La Reta (Alta Gracia) dónde se encontraba descansando el presidente Mauricio Macri, para solicitarle que intervenga en el caso. El presidente, que minutos antes había salido a saludar a militantes partidarios, no atendió a los vecinos. En su lugar, los recibió un enorme cordón de infantería.

Manifestación frente a Potrerillo de La Reta durante la visita de Macri. 11/12/2016

El 21 de diciembre de 2016, la Asamblea Santa María sin Basura y el intendente de Santa Ana, José Luis Bécker, marcharon hasta la casa de gobierno de la provincia de Córdoba con la Consigna: Navidad Sin Basural. Pedían ser atendidos por el gobernador, pero fueron recibidos por un enorme vallado y una columna de policías. Los niños de Santa Ana llevaban deseos para dejar en el emblemático árbol de navidad montado sobre el faro del bicentenario, pero no pudieron llegar porque se los impidió otro cordón policial…

Marcha a Casa de Gobierno. 21/12/2016

El 26 de diciembre de 2016 se expidió la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba, recomendando NO instalar el enterramiento sanitario en el predio cercano a Villa Parque Santa Ana. Entre otros argumentos señalaba la cercanía a la localidad, el crecimiento poblacional del área metropolitana hacia esa zona sur y los riesgos de inundabilidad. Incluso, señala que la construcción del enterramiento podía afectar la Planta de tratamiento de residuos peligrosos, Taym, por el desvío de las escorrentías. (Ver Informe de la Defensoría del Pueblo de la Provincia)

El 28 de diciembre de 2016, el Tribunal Superior de Justicia ordenó una nueva medida cautelar señalando que Cormecor no contaba con “licencia ambiental”, ya que la autorización entregada por la Secretaría de Ambiente estaba condicionada a la cumplimentación de ciertos requisitos que la empresa no había cumplimentado.

Cormecor presiona diciendo que el predio actual de enterramiento, Piedras Blancas, está colapsado y amenaza con impedir que las comunas no-socias descarguen sus residuos allí.

El 5 de enero de 2017, la comunidad de Villa Parque Santa Ana comienza su Plan de diferenciación de residuos sólidos urbanos bajo la consigna: Santa Ana se hace responsable de su basura. Desde entonces el pueblo ha recuperado miles de kilos de papeles, cartones, plásticos, vidrios y metales.

En enero de 2017 Villa Parque Santa Ana comenzó un Plan Comunitario de Recolección diferenciada de Residuos Reciclables. Quienes separan los residuos secos y compostan los orgánicos pueden reducir hasta un 70% de su basura.

El 11 de febrero de 2017 los vecinos de Villa Parque Santa Ana consiguieron reunir más de 12.000 firmas en contra de la instalación del Megabasural.

A principio de febrero de 2017, la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, a cargo de Javier Britch, se apresuraría a darle por cumplimentados los requisitos a la empresa Cormecor; soslayando por ejemplo la falta de remediación del antiguo enterramiento sanitario de Potrero del Estado y la falta de planes de reducción de la basura destinada a enterramiento, exigidas por su propia cartera en la resolución 510/15. Desde Cormecor, presionan a la Justicia diciendo que Piedras Blancas está colapsado y declaran que comenzarán a descargar los residuos en Alto El Durazno, antes que la Planta de tratamientos esté terminada. A pesar que dicen que el predio está colapsado, suman más municipios a la S.A. y se niegan a buscar un «plan B».

El 1 de marzo de 2017, las Asamblea Santa María sin Basura participa de la Marcha contra la reforma de la Ley de Bosques con la consigna: Por Más Monte y Basura Cero.

Presentes en la Marcha contra la reforma de la Ley de Bosques. 1/3/2017

El 28 de marzo de 2017, tras intensas lluvias en la cuenca Santa Ana, la Planta de tratamiento y enterramiento de residuos peligrosos, Taym, ubicada a pocos metros del predio pretendido por Cormecor en Alto El Durazno, se inundó completamente y desbordó hacia el canal Los Molinos que abastece de agua potable a medio millón de habitantes de Córdoba. El desastre ambiental fue registrado por vecinos de Alto El Durazno y denunciado públicamente. (Ver: Crónica de desastre anunciado)

Taym: Planta de tratamiento de residuos peligrosos inundada. 28/03/2017

La crisis ambiental que generó el Desastre de Taym desnudó connivencias empresariales-políticas-científicas. Demostró la veracidad de las denuncias de los vecinos sobre la inundabilidad de los predios y también, los riesgos de instalar Plantas contaminantes en sitios inundables. El fiscal Peralta Ottonello de Alta Gracia inició inmediatamente una investigación de oficio. Integrantes de la Asamblea Santa María Sin Basura se constituyeron como querellantes para que se investigara el delito de contaminación generado por Taym y los responsables políticos. Luego de increíbles dilaciones y encubrimientos, la “causa Taym” se desdobló en dos. La investigación sobre las responsabilidades civiles quedó radicada en la fiscalía de Alta Gracia a cargo del Dr. Peralta Ottonello. Y la investigación sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos, quedó bajo la órbita de la Fiscalía en lo Penal y Económico Nro. II (Anticorrupción) que se encuentra acéfala desde hace años. Aunque la responsabilidad directa del ministro de Ambiente de la Provincia, Fabián López, está sumamente probada en el expediente, la investigación se encuentra totalmente paralizada desde 2017. Sólo la causa radicada en la fiscalía de Peralta Ottonello avanzó en la realización de un informe pericial interdisciplinario que confirmó la contaminación ambiental del territorio y el canal Los Molinos, lo que determinó la imputación de tres altos funcionarios de la empresa de Benito Roggio (Taym). Sin embargo, las sucesivas impugnaciones de los defensores de Taym –y la “lentitud” de la burocracia judicial- han impedido que los imputados sean indagados y la causa se encuentra “paralizada” desde fines de 2018 en la Cámara de Acusaciones de Córdoba.

Medio millón de personas fueron puestas en riesgo de consumir agua contaminada con residuos peligrosos, miles de hectáreas de suelo dónde se producen alimentos fueron contaminadas… pero la justicia continúa garantizando impunidad a los responsables.

Agua contaminada en Taym ingresando al Canal Los Molinos. 28/3/2017

El 4 de abril de 2017, Santa María sin Basura organizó un segundo SANTANAZO reclamando la declaración de emergencia ambiental de la zona tras el Desastre de Taym y la renuncia del Secretario y del ministro de Ambiente. Muchos ciudadanos de Córdoba, organizaciones ambientales y políticas acompañaron la marcha. Los legisladores del Frente de Izquierda presentaron en la Unicameral un pedido de declaración de emergencia ambiental de la zona afectada por Taym, que fue rechazado por la mayoría oficialista.

Segundo Santanazo en Córdoba. 4/4/2017

Músicos de Córdoba se solidarizan con la causa y hacen posible las Eco-Peñas. Además los vecinos realizan un sinnúmeros de eventos para poder sostener la lucha.

Paola Bernal y Chiqui La Rosa en la Eco-Peña. 9/4/2017

El 19 de mayo de 2017, el TSJ dejó en firme la medida cautelar que impide a Cormecor iniciar obras en el predio de Alto El Durazno. Señaló que el proceso de audiencia pública no se había cumplimentado correctamente y que debían revisarse los riesgos de inundabilidad del predio. Por ello, el TSJ no sólo prohibió el inicio de obras en el predio, sino que también prohibió el avance en el proceso de licitación que Cormecor había iniciado para generar presión. (Ver resolución medida cautelar del TSJ)

Aunque a partir de esa instancia la Justicia debería haber dictado la total nulidad de la habilitación ambiental del proyecto de Cormecor; lo que siguió fue una arbitraria operación de dilaciones jurídicas.

La Justicia ordenó la unificación de todas las causas abiertas contra Cormecor: el amparo presentado por la familia Gremo de Alto el Durazno, un amparo presentado por la municipalidad de Villa Parque Santa Ana, el Amparo colectivo de los 450 vecinos de Villa Parque Santa Ana e incluso una causa civil iniciada por el productor Caparroz, que también contaba con una medida cautelar que impedía a Cormecor ingresar al predio en cuestión. Los tres amparos y la denuncia civil fueron unificadas bajo la carátula: “COMPLEJO AMBIENTAL DE TRATAMIENTO, VALORACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE CÓRDOBA Y OTROS – CUESTIÓN AMBIENTAL” y recayeron en la Cámara I en lo Contencioso Administrativo de Córdoba (en adelanta la Cámara I), cuyo “tribunal” quedó conformado por sólo dos vocales: Leandro F. Massimino y Angel A. Gutiez. La tercera vocal se apartó y no fue sustituida. La Justicia no atendió el reclamo de las partes que solicitaron se nombrara el tercer vocal. La unificación de las causas abrió un proceso lleno de arbitrariedades.

El 28 de junio los vecinos participan de segunda Marcha contra la reforma de la Ley de Bosques denunciando: Taym: 3 meses de impunidad.

Segunda Marcha contra la Reforma de la Ley de Bosques. 28/06/2017

En julio de 2017, un día antes del inicio de la feria judicial, la Cámara I en lo Contencioso Administrativo solicitó al Rector de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) que en un plazo de 10 días “evaluara y avalara el Estudio de Impacto Ambiental de Cormecor” y se expidiera sobre si las “objeciones de los vecinos son de recibo”. En el decreto los vocales recomendaban a la UNC que no tuvieran tanto en cuenta los daños que la instalación del enterramiento tendría sobre las poblaciones cercanas, sino “especialmente” el daño que significaría que un millón y medio de habitantes se quedaran sin lugar dónde tirar su basura. Además, señalaban –erróneamente- que el predio se ubicaba en los cuadrantes recomendados por el Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA) perteneciente a la UNC. Los amparistas recusaron a los vocales de la Cámara I por “adelantar opinión”, pero el TSJ nunca resolvió esta recusación solicitando para atender el caso un depósito de $ 40.000. El reclamo por esta arbitrariedad llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El pedido de la Cámara I a la UNC resultó sumamente sospechoso porque la universidad también se encontraba en receso invernal. El Rector estaba de viaje. Y el plazo de 10 días resultaba absolutamente insuficiente para evaluar un EIA de 600 paginas y una enorme cantidad de pruebas acumuladas. Las “objeciones” de los amparistas implicaban aspectos de derecho, sociales, ambientales, médicas, psicológicas, geofísicas, hidrológicas, etc.

Protesta frente a Tribunales. Agosto de 2017.

El 2 de agosto de 2017, el Área Ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación emitió un informe indicando que el proyecto de Cormecor viola la normativa nacional que regula el tratamiento integral de residuos sólidos urbanos, por lo que recomendó revocarle la licencia ambiental. El informe ofrece un sistemático estudio técnico del proyecto de Cormecor que demuestra que la empresa sólo proyecta la acumulación de más y más toneladas de basura en un mismo enterramiento, lo que viola los postulados de la legislación nacional y recomendaciones internacionales orientadas al aumento del reciclaje y la reducción drástica de enterramiento de RSU. (Ver Informe de la Defensoría del Pueblo de la Nación)

En septiembre se conoció la respuesta “de la UNC”. Confirmando las sospechas, el pedido de la justicia fue respondido por un solo profesional de la UNC, el ingeniero químico Daniel Yorio –cuestionado por fraguar un peritaje en la causa ambiental contra la Planta de Bioetanol de Porta- El informe llevaba además la firma de otro ingeniero químico, Héctor Macaño, quien no tiene relación con la UNC, sino que es docente de UTN. Macaño había participado en el Estudio de Impacto Ambiental presentado por Cormecor y había sido socio del Secretario de Ambiente, Javier Britch, cuestionado en la propia causa. Los vecinos denunciaron públicamente la evidente maniobra y las complicidades entre los ingenieros químicos Yorio y Macaño, Cormecor y la Secretaría de Ambiente. Y llevaron su reclamo a el Honorable Consejo Superior de la UNC.

Manifestación en el Honorable Consejo Superior de la UNC. Septiembre 2017.

Simultáneamente, la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC hizo público un informe crítico del Estudio de Impacto Ambiental de Cormecor señalando graves falencias metodológicas y cuestionó la validez de los resultados presentados por la consultora Geoambiental. (Ver informe de la FFyH) Por su parte, la Facultad de Ciencias Químicas cuestionó la falta de transparencia en la elección de los profesionales designados para responder los requisitos de la Justicia y solicitó que se conformara un comité interdisciplinario.

El 3 de octubre de 2017 el Honorable Consejo Superior de la UNC, emitió una resolución en la que deslegitimaba el informe de Yorio y Macaño, señalando que “no representa unánimemente a la universidad”. E instaba a que se priorizara la protección de la salud de la población y construyeran consensos para seleccionar el sitio destinado al enterramiento de residuos de Córdoba y otras ciudades. (Ver resolución del HCS)

Ante la falta de sustento científico y legitimidad del informe de los químicos, la Cámara I solicitó a la UNC que presentara la fundamentación metodológica de del Informe preliminar de Yorio-Macaño. A lo que el Rector Hugo Juri contestó que no podía hacerlo. Que para responder a las pretensiones de la Justicia debía conformarse un equipo interdisciplinario, que requería mayores tiempos y recursos económicos para realizarlo. Y que era la Justicia quién debía valorar la validez del informe presentado por los químicos. De este modo la falta de validez del Informe de Yorio y Macaño y el intento de usar el prestigio de la Universidad para crear un efecto de legitimidad, quedó en total evidencia.

Luego del fracaso de la maniobra orquestada con un sector de la UNC; la Cámara I hizo lugar a las solicitudes de pericia oficial pedida por las partes. Durante medio año la justicia convocó a especialistas en geología, hidráulica, ambiente, trabajo social y agrimensura para responder a «puntos periciales” solicitados por las partes. Durante fines de 2017 y todo 2018 se desarrollaron las pericias: mediciones de agrimensura, estudios de suelo, excavaciones, estudio de antecedentes y datos meteorológicos, encuestas socio-ambientales, etc.

Banderazo por la derogación de le Ley de expropiación del predio (10.328/15). 1/6/2019

Recién en agosto de 2019, los peritos oficiales convocados por la Cámara I, presentaron un informe conjunto respondiendo a los múltiples “puntos de pericia”.

El informe pericial ratifica las denuncias de los vecinos. Señala que, aunque El ISEA (UNC) en un informe específico había recomendado un distanciamiento mínimo de 4 km entre el enterramiento y cualquier población; el predio elegido por Cormecor se encuentra a sólo 1 km de Villa Parque Santa Ana, a 2 km de Bouwer y a 3,7 km de Los Cedros. Lo que generaría enormes impactos negativos sobre la calidad de vida de todas estas poblaciones. Esto viola la Ley nacional de tratamiento integral de los residuos sólidos urbanos (25.916), que en su artículo 20 establece que los sitios de disposición final deben estar lo suficientemente alejados para no afectar la calidad de vida de las poblaciones. Los peritos confirman que el predio elegido por Cormecor no está ubicado en los cuadrantes recomendados por la UNC, como había afirmado la propia Cámara I. Incluso el basural interrumpiría el trazado del segundo anillo de circunvalación que atravesaría por el centro del predio en cuestión. El informe advierte que la población más próxima al proyecto no fue consultada ni tenida en cuenta. Y cuestiona la autorización otorgada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático a Cormecor. (Ver informe pericial).

Todos los pronunciamientos institucionales: de La Pastoral Social, las Defensorías del Pueblo de la Provincia y de la Nación, la Facultad de Filosofía y Humanidades, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba y el Informe Pericial interdisciplinario de la Justicia; han coincidido en que el predio elegido por Cormecor NO ES APTO, y que debe respetarse y protegerse el derecho de todas las personas a vivir en un ambiente sano. Todas las evaluaciones del EIA realizado por la consultora Geoambiental para Cormecor, develan graves falencias y manipulaciones de datos y ponen en evidencia las irregularidades en el proceso de otorgamiento de la licencia ambiental.

Mientras el mundo se rasga las vestiduras por los efectos devastadores del “cambio climático” generado por la depredación del ambiente… a tres años del inicio de la lucha de Villa Parque Santa Ana y a cinco años de la presentación del primer amparo ambiental contra el Megabasural de Cormecor, seguimos esperando la Resolución de la Justicia.

BASTA DE MEGABASURALES

BASTA DE LICENCIAS TRUCHAS

BASTA DE ZONAS DE SACRIFICIO

QUE CADA MUNICIPIO SE HAGA RESPONSABLE DE SU BASURA!!!