ES HORA DE JUSTICIA AMBIENTAL

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La última semana hemos leído con estupor los argumentos esgrimidos por la nueva defensa de Cormecor en contra del fallo de la Cámara I en lo Contencioso Administrativo que, el 30 de diciembre pasado, hizo lugar al pedido de amparo ambiental de los vecinos y municipalidad de Villa Parque Santa Ana y zonas aledañas contra la instalación del megabasural en el paraje Alto El Durazno.

Los argumentos de la defensa de Cormecor postulan una “caprichosa” interpretación del derecho constitucional a un ambiente sano. Insisten en que los habitantes de Villa Parque Santa Ana y zonas aledañas, no tienen el mismo derecho que los demás ciudadanos a vivir un ambiente sano. Este argumento viola el principio constitucional de igualdad ante la ley y todos los principios internacionales sobre Derechos Humanos. Es un argumento fascista que intenta crear grupos humanos sacrificables con artificios retóricos. La defensa de Cormecor inventa el «derecho» de las mayorías a enajenar el ambiente y la salud de las minorías.

Mediante una inconcebible retórica antidemocrática, construye falsas dicotomías entre «mayorías y minorías» para encubrir las responsabilidades de los funcionarios públicos por sucesivos actos de corrupción y violación a las leyes vigentes sobre protección ambiental y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU).  

La apelación presentada por Cormecor evade los postulados de fondo del fallo. No puede rebatir la evidencia de corrupción en el proceso de autorización de la licencia ambiental, e intenta reducir la cuestión y desviar la atención hacia las “distancias a las fosas”.   

Aunque durante años le hicieron creer a la ciudadanía que contaban con el aval de la Universidad y que habían seguido las recomendaciones del Instituto Superior de Estudios Ambientales (ISEA), ahora Cormecor intenta deslegitimar al ISEA-UNC para apartarse drásticamente de sus recomendaciones. A pesar que la Secretaría de Ambiente citó –fraudulentamente- a la Agencia Ambiental EPA de EEUU para autorizar a Cormecor a instalarse a sólo 1 km de Villa Parque Santa Ana; ahora en la apelación dicen que no debemos regirnos por las recomendaciones de organismos internacionales como la EPA.

Dicen las partes demandadas en la apelación que la fosa II planificada por Cormecor cumple con el apartamiento de 4 km de Villa Parque Santa Ana. Mienten. Los peritos ya hicieron las mediciones e indicaron que esa fosa –de instalarse- estaría a menos de 2,5 Km de Santa Ana, violando la recomendación del ISEA. Pero incluso hay casas de la zona rural ubicada a pocos metros del lugar y la escuela de Potrero del Estado quedaría dentro de la zona de impacto directo del vertedero. Siguen invisibilizando a las poblaciones que pretenden sacrificar. Sencillamente mienten y continúan manipulando los datos como hicieron en el Estudio de Impacto Ambiental y el informe técnico de la Secretaría de Ambiente.

Vuelven a apelar a la emergencia ambiental que suscita el inminente colapso del actual enterramiento sanitario administrado por Cormecor, extorsionando a los jueces para forzar otra errática salida ilegal.

Son los demandados (Cormecor, la Municipalidad de Córdoba y la Secretaría de Ambiente de la Provincia) los principales responsables del colapso de Piedras Blancas.

Llevan décadas sin elaborar ni ejecutar planes de reducción de residuos, en flagrante violación a las leyes GIRSU vigentes desde hace 17 años. En Córdoba se entierra más del 99,5% de la basura urbana, se recicla apenas el 0,5%.

Desde hace 6 años, Cormecor alerta sobre el inminente colapso del actual enterramiento de Piedras Blancas; sin embargo, los municipios que integran Cormecor llevan más de 6 años sin plantear programas de reducción de residuos, por el simple hecho que cobran por tonelada de basura enterrada.

Desde hace más de 6 años, Cormecor alerta sobre el colapso del actual enterramiento de Piedras Blancas; sin embargo, continuaron incorporando más y más localidades para que arrojaran sus residuos allí. Porque, reiteramos, cobran por tonelada enterrada.

Cormecor juega peligrosamente a colapsar el precario enterramiento de Piedras Blancas, porque claramente es el único plan – extorsivo y perverso- que han diseñado y ejecutado hasta el momento.

El colapso de Piedras Blancas es resultado de su plan de negocios hipócritamente llamado “plan ambiental”. Ellos son los únicos responsables de seguir engordando esa montaña pestilente y ecocida de Piedras Blancas, como antes lo hicieron en Potrero del Estado. Ellos son los responsables de la grave crisis ambiental que sufre Córdoba. Son los responsables de haber violado por décadas las leyes que regulan el tratamiento de los RSU en Argentina. Son los responsables de enajenar y poner en peligro a las presentes y futuras generaciones.   

Sin embargo, todo ese tiempo de inacción, de decidía, de irresponsabilidad y corrupción, han seguido cobrando los sueldos que todos los contribuyentes pagamos … Y el responsable técnico de este desastre ecológico continúa con su cargo – y su sueldo- en Cormecor…

¿Quién penará estos delitos? ¿Quién obligará finalmente a los municipios a cumplir la ley? ¿Quién garantizará un plan de tratamiento integral de los RSU legal, ambientalmente sustentable y socialmente justo?

La justicia de Córdoba debe hacer su parte para que los delitos ambientales dejen de repetirse gestión tras gestión, año tras año. La justicia debe actuar para que las leyes dejen de ser violadas por los propios Estados y se garanticen los derechos de todos los ciudadanos, preservando el ambiente para la vida de las generaciones presentes y futuras…

Llaryora tiene la enorme responsabilidad de cambiar la nefasta historia ecocida de sus antecesores. ¿Estará a la altura? ¿O seguirán los negociados a costa del ambiente de todos?

ES HORA DE JUSTICIA AMBIENTAL

 Santa María Sin Basura

26/02/20

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