Caso Taym: 4 meses de silencio

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En la madrugada del 28 de marzo pasado, hace exactamente 4 meses, una lluvia intensa provocó la inundación y el desborde de la Planta de Residuos Peligrosos Taym, del Grupo Roggio, ubicada a la vera de la ruta 36, a 22 km al sur de la ciudad de Córdoba. Las lagunas de lixiviados y las fosas que contenían residuos peligrosos se anegaron y la rotura de un talud de contención ocasionó que el agua, que estuvo en contacto con esos materiales, se esparciera contaminando la zona e ingresando al Canal Los Molinos- Córdoba, que abastece de agua potable a medio millón de cordobeses.

Aquel día, las imágenes tomadas con un drone por vecinos de la zona que pernoctaban en el acampe de la asamblea “Santa María sin basura” -para impedir la instalación del megabasural del Cormecor en un predio contiguo al de Taym- dieron cuenta de la magnitud del desastre ambiental producido.

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La fiscalía de Alta Gracia, a cargo del Dr. Alejando Peralta Otonello inició entonces una investigación de oficio, confirmando la presencia de contaminantes peligrosos en el agua que ingresó al Canal Los Molinos. El gobernador de la Provincia de Córdoba Juan Schiaretti, en una conferencia de prensa, sostuvo que si “el agua entró como pancho por su casa por donde se tratan residuos peligrosos y puso en zozobra la población, tiene que caer todo el peso de la ley”. Fabian López, Ministro de Agua y Ambiente, afirmó que se conformaría una mesa de técnicos para evaluar el daño ambiental. Sin embargo, llevamos 4 meses de silencio oficial.

La causa judicial iniciada de oficio por Peralta Otonello, había sido girada en su totalidad -a mediados de abril- a la Fiscalía Anticorrupción, cuando el fiscal consideró que habría funcionarios públicos implicados. No obstante, el fiscal de anticorrupción Hugo Amayusco, negó que la investigación perteneciera a su fuero y devolvió – en mayo- la causa completa a la fiscalía de Alta Gracia. El movimiento de la causa de una fiscalía a otra no terminó y, a pesar de que los vecinos de “Santa María sin basura” constituidos como querellantes hemos aportando múltiples pruebas, el caso volvió a ser remitido el pasado 10 de julio a la Fiscalía Anticorrupción. Increíblemente, la causa lleva más tiempo rebotando de una fiscalía a otra, que siendo motivo de investigación.

¿Por qué el fiscal Peralta Otonello insiste en sacarse la causa de encima? ¿Por qué gira la causa que involucra principalmente a Benito Roggio, un empresario, a la fiscalía anticorrupción? ¿Por qué no hay imputaciones si el mismo fiscal reconoció la presencia de sustancias contaminantes en el agua que ingresó al Canal Los Molinos?

En tanto, ninguna respuesta ni informe técnico se ha conocido de parte de las autoridades provinciales. El peso de la ley parece no poder caer sobre el entramado político-empresarial que encubre este desastre ambiental. ¿Por qué esta planta estaba funcionando en una zona por la que surcan poderosas escorrentías? ¿Quién otorgó esa licencia? ¿Qué seguridad tienen los cordobeses respecto al agua que consumen? ¿Hasta dónde se derramó el agua contaminada? ¿Se tomó alguna medida de mitigación o remediación en el Canal Los Molinos y en la zona contaminada?

En estos cuatro meses, a pesar de la clausura preventiva ordenada por la Policía Ambiental hemos constatado y denunciado, en varias oportunidades, personal trabajando dentro del predio, máquinas construyendo nuevas fosas o taludes de contención, fuertes olores provenientes de la planta. ¿Por qué el Grupo Roggio planea y construye nuevas fosas y obras en pleno proceso judicial? ¿Cuántas pruebas pueden haber sido removidas con estas actividades?

Los vecinos no olvidamos ni callamos. Aquel día, el agua estuvo en contacto con materiales peligrosos como mercurio, plomo, aceite de avión, pesticidas -entre otros- y luego se desparramó por todo el territorio contaminando el suelo, el aire y las napas, y llegando al canal que debiera abastecer de agua potable a un tercio de la población que habita en los barrios del sur de la ciudad de Córdoba. La salud de más de medio millón de cordobeses fue puesta en riesgo por la inoperancia, la corrupción y la desidia de funcionarios y empresarios. La magnitud de los daños sobre el ambiente y los peligros sobre la salud no han sido relevados ni evaluados.

Llevamos 4 meses de inacción, de silencio, de impunidad. Exijimos respuestas. Exijimos una justicia independiente de los intereses políticos y empresariales.

Vecinos Autoconvocados “Santa María sin basura”

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