BANDERAZO POR EL AMBIENTE

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La Asamblea Santa María Sin Basura realizó hoy un “Banderazo” frente al arco de ingreso a Villa Parque Santa Ana para exigir la derogación de la Ley 10.328 por la cual se autorizó irregularmente la expropiación del predio para Cormecor.

Esta acción se enmarca en el #Cordobazo Ambiental, organizado por una Coordinadora que reúne a más de 70 organizaciones ambientales de todos los puntos cardinales del territorio cordobés. De modo simultáneo, entre el 27 de mayo y el 1 de junio, produjeron un sinnúmero de actividades en los distintos territorios para denunciar diferentes problemáticas ambientales y exigir al gobierno provincial que dé respuestas urgentes.

Desde Villa Parque Santa Ana exigimos al gobernador Juan Schiaretti la derogación de la Ley 10.328 mediante la cual en el año 2015 -entre gallos y media noche- autorizaron la expropiación de 500 has. en el paraje Alto El Durazno, en las que Cormecor intenta crear el tercer enterramiento sanitario más grande de Sudamérica.

Después de casi tres años de conflicto, se ha demostrado la irregularidad del proceso de habilitación de la obra de Cormecor. La expropiación se produjo cuando Cormecor aún no tenía licencia ambiental, como lo demostró el Tribunal Superior de Justicia en 2017. Ya son conocidas las múltiples irregularidades e inconsistencias del Estudio de Impacto Ambiental. También, la violación al derecho de participación ciudadana de los vecinos de la localidades más cercanas al predio que no accedieron a la audiencia pública. Por la excesiva proximidad del predio a Villa Parque Santa Ana, puede preverse un enorme impacto sobre la vida de la comunidad. Ya que se trata de un proyecto de enterramiento sanitario tres veces más grande que el de Potrero del Estado (Bouwer) y se pretende ubicar a sólo 900 m. del ejido de Villa Parque Santa Ana. Las pericias demostraron que aún a 5 km de distancia de enterramientos mucho menores al proyectado por Cormecor, el aire se hace irrespirable por los olores nauseabundos que producen los megabasurales. El olor, las moscas, los roedores, la contaminación del aire, del suelo y el agua, constituyen una tortura constante para los habitantes de las localidades cercanas a los enterramientos de basura. Por eso la Ley nacional 25.916 y provincial 9.088 exigen políticas de basura cero, tendiente a erradicar los enterramientos e incluso obligan a que los sitios de disposición final estén lo suficientemente alejados de las poblaciones para preservar la calidad de vida. Como señaló la Defensoría del Pueblo de la Nación, el proyecto de Cormecor viola la ley de presupuestos mínimos de gestión integral de residuos sólidos urbanos (25.916) por lo que aconsejó derogar su licencia ambiental.

Además, se ha comprobado la inundabilidad del predio. Lo que se hizo evidente en marzo de 2017 cuando la planta de tratamiento de residuos peligrosos Taym se inundó completamente y desplazó residuos peligrosos por toda la zona, ingresando incluso al canal Los Molinos-Córdoba. En la causa por la contaminación generada por Taym, se ha demostrado la directa responsabilidad del Ministro de Ambiente Fabián López, por autorizar la instalación de esa Planta en un lugar inundable.

Por todo esto, exigimos:

BASTA DE CRÍMENES AMBIENTALES, DEROGUEN LA LEY 10.328.

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